¿Una regulación inteligente para servicios inteligentes?

13 septiembre, 2017
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Por: Karen Angeles Llerena*  

Actualmente, a nivel mundial se ha dado el boom de la economía compartida denominada también, “sharing economy”, la cual puede ser definida como el intercambio de bienes y servicios entre los privados a través de la tecnología. Ejemplo de empresas que prestan estos servicios que se han posicionado en el mercado son Uber y Juno en el servicio de taxi, Airbnb en alquiler de casa o departamento y, Flightcar en alquiler de autos.

Esta corriente ha llegado al Perú, especialmente en el mercado de taxis (Uber, Taxi Beat, Easy Taxi), por el cual el usuario puede solicitar el servicio de un taxi a través de una app, sin necesidad de salir a la calle a buscar uno en circulación.

Uber se viene posicionando en el mercado peruano con un servicio de buena calidad y funciona como una plataforma que contacta a conductores y usuarios. El pago de la tarifa se calcula automáticamente en la plataforma y se pude pagar a través de una cuenta o en efectivo. Hasta el momento el servicio tiene un nivel alto de aceptación por la comodidad de los vehículos y la seguridad de los pasajeros, ya que están monitorizados por GPS cada unidad.

Los conductores contratan el servicio tecnológico de la plataforma Uber para la captación de clientes, y estos a su vez se interrelacionan con dicha plataforma para obtener un servicio de taxi.

De esta manera se advierte que en los últimos años se han venido desarrollando mecanismos alternativos de prestación de servicio que con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación dan como resultado servicios inteligentes de fácil acceso.

En ese contexto, es válido peguntarse si existe alguna regulación para este servicio. De la revisión preliminar del marco regulatorio existente en Lima Metropolitana, la Ordenanza N° 1684 que regula el servicio de taxi en Lima Metropolitana, establece que existe tres tipos de servicios de taxi: (i) taxi independiente, referido a personas naturales empadronadas que brindan el servicio con un  vehículo color amarillo, adhesivo de seguridad y casquete en el techo, (ii) taxi estación, cuyos vehículos pertenecen a una flota cuyo propietario debe ser una empresa o asociación; el vehículo debe ser de color blanco con adhesivo de seguridad y casquete en el techo vehículo  y (iii) taxi remisse, cuyos vehículos que pertenece a una flota cuyo propietario es una empresa, no hay exigencia de un color determinado por unidad, ni casquete, adhesivo de seguridad, ni algún distintivo, la única condición es recojan y dejen pasajeros en los lugares que se indique el cliente en la central.

Cabe señalar que todas las modalidades descritas deben cumplir con las condiciones técnicas generales del artículo 36 de dicha Ordenanza. Asimismo, se especifica las obligaciones de las personas naturales y personas jurídicas propietarias y conductores de los vehículos.

Como se puede apreciar, Uber no estaría comprendido bajo alguna de las modalidades de la Ordenanza, ya que, como hemos mencionado, es un servicio de transporte privado a través de aplicaciones que permite intercambio de satisfacción de necesidades entre el conductor y el pasajero.

No obstante, cada jurisdicción podrá establecer sus propias reglas respecto a la regulación del servicio de taxi. Es el caso de la Municipalidad Provincial del Callao, que como producto de inspecciones en el aeropuerto internacional Jorge Chávez impuso sanciones a los conductores de afiliados a Uber, bajo el sustento de que no están registradas como “taxi estación”.

Esta situación, evidencia que la falta de una regulación adecuada a nivel nacional que alcance a los servicios de transporte que actualmente operan genera confusión en la ejecución de la fiscalización del transporte e imputación de sanciones que podrían estar vulnerando el principio de legalidad y tipicidad.

Por tanto, es necesario establecer condiciones mínimas que garanticen el servicio taxi eficiente, de calidad y seguro. Por ejemplo, en Colombia, se ha propuesto establecer una regulación especial de Aplicaciones de Transporte Privado, cuyas condiciones generales son: tarifas libres, las empresas de transporte privada estarán registradas en el Ministerio de Transporte de Colombia y dichas empresas aportarán 0.5% del valor de los viajes que realicen a un Fondo de infraestructura.

En esa línea, es importante realizar una reingeniería que permita crear una regulación inteligente que norme condiciones generales y mínimas sin desincentivar al inversionista. Como parte de un ensayo, entre otras condiciones mínimas que debe contemplarse en la regulación estarían:

  • Obligaciones de los conductores: (i) contar con licencia de conducir vigente, (ii) contar con el seguro contra accidentes a favor de pasajero, (iii) Contar con el Certificado de inspección Técnica Vehicular y (iv) brindar el servicio con vehículos nuevos o con una antigüedad no menor entre 3 años.
  • Obligaciones de las empresas de transporte privado conectadas por tecnología: (i) vigilar que la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos establecidos para los conductores y (ii) Contar con certificado de registro de empresas que prestan el servicio bajo esta modalidad.

Establecer una lista de condiciones mínimas no generaría la creación de nuevas obligaciones para los conductores puesto que Uber y otras empresas afines han incluido estos requisitos como condiciones en sus políticas de afiliación.

Por lo tanto, aunque estas nuevas formas de economía compartida han demostrado su eficiencia en el mercado, deberían considerarse algunas reglas para este tipo de negocios con el único objeto de lograr la satisfacción máxima y el bienestar del usuario.

* Asociada Senior de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

 

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