Día Internacional de la Democracia

15 septiembre, 2017
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Por: Alexander Antialón Conde*

Mediante Resolución A/RES/62/7 del 8 de setiembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar el Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año, y que se señale a la atención de todas las personas para que se celebre y observe. El tema de este año escogido para el Día es “Democracia y prevención de conflictos”, que se centra en la necesidad de reforzar las instituciones democráticas para promover la paz y la estabilidad.

Cabe indicar que en las Américas, el proceso destinado al fortalecimiento, preservación y vigencia de la democracia, ha quedado registrado en diversos documentos y decisiones interamericanos, especialmente, en la Declaración de la Quinta Reunión de Consulta de Cancilleres, aprobada el 13 de julio de 1959; en la Carta de la OEA, del 30 de abril de 1948; en el Protocolo de Cartagena, del 5 de diciembre de 1985; en la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080 (XXI-O/91), del 5 de junio de 1991; en el Protocolo de Washington, del 14 de diciembre de 1992; en la Resolución de Windsor, del 5 de junio del 2000; en la Declaración de Québec, del 22 de abril del 2001; y, en virtud de una iniciativa del Perú, en la Carta Democrática Interamericana (CDI), aprobada en Lima, el 11 de septiembre del 2001, por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA.

Conforme al artículo 3 de la CDI, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Esta noble conmemoración debe cumplir su propósito de profundizar la reflexión sobre la necesidad de prevenir rupturas del orden democrático o alteraciones del orden constitucional. En tal sentido, si bien la CDI constituyó un avance en la defensa de la democracia, no podemos quedarnos ahí. Una de sus debilidades está en que la OEA sólo puede actuar con el consentimiento del Estado afectado (representado por su gobierno o poder ejecutivo). Incluso, una vez suspendido el Estado afectado bajo el artículo 21 de la CDI, la OEA no renuncia a las gestiones diplomáticas, las mismas que para prosperar requieren las facilidades y buena disposición del Estado afectado. ¿Pero qué tal si es precisamente el poder ejecutivo el quebrantador del orden democrático-constitucional? ¿Otorgaría éste su consentimiento o cooperación para la intervención de la OEA y el despliegue de los mecanismos de acción colectiva de la CDI? Es muy difícil, lo vimos en la Honduras del 2009 y lo vemos en la Venezuela de hoy; por ello algunos consideran que la OEA se encuentra atada de manos.

Finalmente, resulta oportuno insistir en la satisfacción de las necesidades democráticas en el hemisferio, con especial atención en América Latina. En ese sentido -y es alentador- que el Perú no solo sea un país que viene consolidando su democracia en los últimos lustros, sino que, al mismo tiempo, viene convirtiéndose en un actor regional promotor de la misma.

* Miembro Asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y de la Federación Interamericana de Abogados – FIA (Washington D.C.).

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